El movimiento de cooperativismo en Venezuela, está en pie de lucha. Actualmente varios líderes cooperativistas se han organizado para rechazar la modificación de noviembre de 2014 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vía Ley Habilitante, realizada por el actual mandatario Nicolás Maduro, quien en vista de la compleja situación económica se vio obligado a tomar medidas de ajuste, entre ellas, comenzar a cobrarles impuestos a las cooperativas, muy contrario al estamento legal impulsado en la era Chávez, cuando las cooperativas gozaban de prebendas para facilitar su formación. Ya esto hoy no es posible en vista de los numerosos fracasos de las iniciativas de cooperativismo.
No obstante, en Venezuela, todavía hay cooperativistas activos, que no salieron de ninguna chistera, son gente con años en el movimiento cooperativo, no son esnobistas ni oportunistas, es gente seria. Es el caso de Luis Delgado Bello, quien forma parte del equipo coordinador de Gestión Participativa, una asociación cooperativa que hace 15 años reunió a compañeros de camino, a líderes, profesores universitarios que apostaban y siguen apostando por un mecanismo económico solidario, de esfuerzo colectivo, participativo, organizacional y protagónico.
Luis Delgado es planificador del Desarrollo Social con competencia en diseño, formulación y desarrollo de procesos sociales, de gestión participativa y transformación cultural. Además estudió filosofía, economía y sociología, con una enjundiosa participación en más de 40 en organizaciones internacionales como Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Organización Comunitaria de los Marginados (OCM). No es un advenedizo del coperativismo, nada menos que fue presidente de la Superintendencia Nacional de Cooperativas de Venezuela en los años 70, no cabe duda que tiene la moral suficiente y le duele hasta los tuétanos el movimiento cooperativista, tampoco es agente encubierto, ni patriota cooperante, él es un hombre de principios, sabe muy bien lo que hace y lo que dice, no es un muchacho de pecho. Es sencillamente honesto, aún cuando en tiempos complejos, la honestidad en Venezuela haya quedado encerrada en la caja de Pandora.
¿Será esta una maniobra de sectores políticos afectos al Gobierno de coaccionar a los movimientos cooperativistas a plegarse a su agenda? ¿Es parte de una deuda vieja?
En primera instancia, me gustaría aclarar cuál es el problema. En noviembre de 2014 se modificó la Ley del Impuesto sobre la Renta vía la Ley Habilitante con la que contaba el Presidente de la República en ese momento. Evidentemente la intención del cambio de esa ley y otras leyes tributarias era la de aumentar la recaudación fiscal por la crisis que vivía y vive el país, agravada por la reducción de los precios petroleros.
En esa modificación de la Ley del impuesto sobre la Renta se le desconoció a las cooperativas su carácter de exentas. Lo peor es que esa medida fue ratificada en la última modificación de esa Ley en diciembre del 2015.
Esa disposición no tiene sentido porque no se puede poner impuesto sobre la Renta a los que no generan renta. Cuando en una cooperativa nos organizamos para comprar juntos, no lo estamos haciendo para obtener ganancia o renta, sino para distribuirnos productos de la calidad que aspiramos, fijando un precio que nos permita continuar y mejorar nuestra acción solidaria. Ese precio de referencia que le ponemos a los productos que nos distribuimos, por prudencia, se calcula previendo cierto margen de seguridad y al final el sobrante (excedente) o lo colocamos en fondos especiales o lo retornamos a los asociados como manera de devolver el cobro de más que se haya podido realizar.
Pretender cobrar impuestos a ese sobrante o excedente confundiéndolo con ganancias no tiene ningún sentido. Es un impuesto a la solidaridad que de aplicarse destruiría a muchas cooperativas.
Las empresas que si generan renta, digamos un supermercado, a la hora de declarar sus impuestos descontaría los sueldos y salarios, cosa imposible para el cooperativismo venezolano porque todos los que trabajamos en las cooperativas, no vendemos nuestro trabajo a ningún patrono y por lo tanto no recibimos sueldos y salarios sino anticipos de los excedentes esperados de la organización que solidariamente impulsamos. Realizamos trabajo asociado.
Tal como está planteada la Ley, en las mismas circunstancias de una empresa que genera renta, no tendríamos ningún descuento y quebraríamos. La opción de reducirnos los ingresos de los trabajadores asociados sería la única, quedando en la práctica muy por debajo de los ingresos mínimos de cualquier trabajador del país.
Estas disposiciones sin duda quebrarían al movimiento cooperativa venezolano auténtico, e irónicamente permitiría que algunas empresas mercantiles que ilegalmente se disfrazan de cooperativas puedan continuar. Esas falsas cooperativas que no cumplen con las leyes venezolanas, contratan como patronos a trabajadores y después declaran el impuesto descontando esos sueldos y salarios.
Aun cuando la bancada oficialista y opositora de la AN están al tanto de la situación y tienen “la voluntad” de derogar estas disposiciones legales que obligan a las cooperativas a pagar ISRL en virtud de una supuesta ganancia, ¿Por qué no se han pronunciado oficialmente?
Llevamos el tema a la actual Comisión de Finanzas del Parlamento. Tuvimos un derecho de palabra ante la comisión en pleno y por primera vez, desde que funciona la Comisión, se llegó a un acuerdo unánime (MUD y Polo Patriótico) de apoyo a la solicitud de exención a las cooperativas. Igualmente se planteó vía Parlamento la modificación de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Se nos plantea que debemos esperar para la introducción del proyecto de Ley ante la Plenaria de la Asamblea.
¿De no recibir respuesta por parte del TSJ qué otras acciones tomarán?
Nos estamos organizando para hacer valer nuestros derechos y rebelarnos ante una medida injusta. La opción que hasta ahora va prevaleciendo es que todas las cooperativas opten, en las declaraciones que debemos hacer en marzo, por colocar la opción de organizaciones que no generan renta. Declarando de esta manera, todas las cooperativistas, se mostrará la fuerza comunitaria y obligará al ente encargado de revisar la situación
Eso desde el punto tributario. Desde el punto de vista de nuestro compromiso con Venezuela y las organizaciones comunitarias estamos estableciendo un diálogo nacional en busca de soluciones agobiantes de los venezolanos, mostrando lo que estamos logrando con nuestra organización y lo que podríamos desarrollar juntos en soluciones a problemas álgidos como el abastecimiento, la salud, la distribución de gas doméstico, la protección social, el financiamiento comunitario, el transporte y la educación.
Por otro lado continuaremos llevando propuestas de ley a la Asamblea Nacional cada vez más respaldada por la manifestación y la presencia de cientos de miles de integrantes de la Economía Social y Solidaria.
¿Considera que con un cambio de escenario político y de actores, el movimiento cooperativista se oxigenaría? ¿Por qué?
Lo que sucede en Venezuela actualmente nos obliga a todos a pensar en opciones. El modelo de economía jerárquica (Capitalista privado y Gestión pública de empresas) ha fallado. La pobreza de ingresos en 1999 cuando empezó Chávez estaba en 67%. El último estudio sobre pobreza por ingresos del año 2015 nos muestra un 76% de personas en pobreza. Ambos resultados muestran el hacer economía sin la gente, sin participación, sin organización comunitaria auténtica, no dependiente, termina en exclusión y miseria.
Es necesario que irrumpa una alternativa de Economía de participación. Esperamos que en niveles de decisión del Estado se reconozca esa forma de hacer economía y vivir solidariamente. Pero no puede ser una dadiva. La responsabilidad está en nosotros como pueblo de construir esa alternativa. Más que esperar de otros tenemos que esperar en nosotros mismos. Sin duda el apoyo de la sociedad en su conjunto es importante para facilitar procesos, pero también es verdad que cuando se encuentra resistencia es una oportunidad de fortalecimiento y crecimiento.
¿A qué se debió el fracaso del impulso del cooperativismo en la era Chávez? ¿Qué faltó?
Las políticas impulsadas por Chávez de apoyo al cooperativismo desde 1999 al 2008 cambiaron para impulsar la economía comunal. La manera con la que se promovió el cooperativismo tuvo puntos importantes de calidad que fundamentalmente se expresaron en el cambio del marco legal, reconociendo constitucionalmente un sector económico social y participativo, el acto cooperativo, el trabajo asociado. Estableciendo en la Constitución Nacional que el cooperativismo era un medio para la participación protagónica del pueblo en lo económico y social. Además se promulgó una nueva ley de cooperativas, realmente única en América, en la que se rompe con formas jerárquicas y delegativas de la gestión, fomentando la organización abierta y flexible. Se reconoció legalmente, en esa ley, al trabajo asociado como modo distinto al dependiente y al trabajo por cuenta propia. Se definieron los modos de protección y relación entre el Estado y las cooperativas respetando la autonomía de las cooperativas.
Sin embargo la promoción de las cooperativas se realizó en forma equivocada. Se ofreció dinero por constituir cooperativas, lo que se convirtió en un llamado a los aprovechadores. Funcionarios sin ninguna experiencia en el cooperativismo, ni práctica ni teórica, se le asignaron metas de constitución de nuevas cooperativas. Mil al mes me comentaba uno de esos promotores. Se inventaron proyectos para solicitar el financiamiento y para colmo se promovió un modelo de estatutos cooperativos contrario a la Ley de cooperativas, que promovía el “cogollismo”, las cúpulas pequeñas en las cooperativas y en el que se desconocía el trabajo asociado. Se rechazó el apoyo de las cooperativas existentes para el momento catalogándolas de “la cuarta” (término usado para los gobiernos anteriores) a pesar de que fueron esas cooperativas las que dieron y han dado grandes luchas por transformar la sociedad y fueron las promotoras y redactoras de la nueva ley aprobada en el 2001
En otro orden de ideas se ordenó a las contratistas de las empresas del Estado (PDVSA y otras) y ministerios que contrataran con cooperativas. Planteamiento importante que tristemente en muchos casos derivó en que las antiguas contratistas se transformaron en cooperativas y burlando la ley, con la mirada hacia otro lado de los entes de supervisión, contrataban a cientos de trabajadores sin asociarlos.
En esa lógica de promoción tenemos el triste record de haber legalizado cerca de 400.000 cooperativas hasta el día de hoy. Por supuesto la mayoría de ellas han desaparecido, quedando unas 60.000 cooperativas activas. Ese es un número importante, superior a cualquier país latinoamericano pero sin duda las más de 300.000 cooperativas sin funcionar son una mancha en la imagen del cooperativismo.
Un estudio sobre las cooperativas activas, realizado por el centro Gumilla de los jesuitas demostró que la mayoría de las cooperativas activas eran las creadas antes de esa promoción y las que no se constituyeron con apoyo y financiamiento del Estado. Es un movimiento autónomo el de las cooperativas que funcionan, en el que se tiene como visión no partidizar la vida de la cooperativa, respetando las opiniones diversas sobre la situación política y social del país.
El resultado del proceso de promoción del gobierno tiene sus claros y oscuros. Sin embargo el gobierno del presidente Chávez comenzó a opinar que las cooperativas se habían desviado, que era una forma de propiedad privada, que eran capitalistas. Por cierto sin ninguna autocrítica de los errores cometidos.
Surge entonces del gobierno la política del desarrollo de las comunas y de la Economía comunal. El cooperativismo desaparece del lenguaje oficial a pesar de sigue creciendo en número de cooperativas legalizadas. En los últimos 5 años, el promedio de nuevas cooperativas legalizadas por año es de unas 10.000.
La Economía Comunal toma la bandera en las prioridades del gobierno dejándose a las cooperativas en un segundo plano.
En este contexto se aprueba la Ley del Impuesto sobre la Renta en dónde se le retira a las cooperativas la exención. Curiosamente también se le retira a las empresas de la economía comunal, lo que muestra que en la tendencia tributarista o fiscalista del gobierno priva la política de la máxima recaudación sobre los procesos de la economía solidaria y la economía comunal.
La reacción del cooperativismo fue de protesta ante el hecho, manifestándose de diferentes maneras, marchas, foros, presencia en los medios de comunicación. Llevando el planteamiento a las autoridades del ejecutivo, del legislativo y del judicial y a los diferentes partidos políticos.
No hemos encontrado a nadie que apoye el pago de impuestos a las cooperativas, con la sola excepción del SENIAT, organismo encargado de los tributos en el país.
Todos dicen que es un error el que se cometió. La Superintendencia de Cooperativas buscó solución mediante una fórmula de exoneración que debía aprobar el gobierno nacional. La Asamblea Nacional, en el 2015, nombró una comisión especial de diputados que propusiera caminos y estableciera un diálogo con el ejecutivo.
Después de manifestaciones en Caracas de los cooperativistas, en agosto del 2015, el Presidente Maduro firma un punto de cuenta aprobando la exoneración a las cooperativas. Ese punto de cuenta, hoy, 8 meses después, no ha sido publicado como decreto en la Gaceta Oficial que es lo que hace vigente la exoneración.
Ante la ausencia de repuesta a nuestros planteamientos, decidimos ir al Tribunal Supremo de Justicia. Introdujimos una Acción Popular pidiendo la nulidad de la Ley de Impuesto sobre la Renta en lo que se refiere a las cooperativas.
Otra vez de todas partes de Venezuela manifestamos en Caracas. Más de mil cooperativistas marchamos por el centro de Caracas hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Esperamos una medida cautelar que suspenda las disposiciones de la Ley sobre las cooperativas y posteriormente la decisión sobre el fondo del asunto: Las cooperativas no generamos renta y por lo tanto no somos sujetos de la ley
¿Cómo limpiar el nombre de los verdaderos cooperativistas en medio de verdades a medias y falsos positivos y no pagar justos por pecadores?
Estamos exigiendo la no contratación por parte del estado de empresas mercantiles disfrazadas de cooperativas y que el organismo que ejerce la fiscalización de las cooperativas cumpla con el artículo 95 de su ley que le impone proceder a liquidar las cooperativas que tengan trabajadores no asociados.
Pretender vía impuestos resolver esta problemática, aparte de ineficiente y contradictoria, es lo mismo que querer eliminar un dolor de cabeza, cortándola de cuajo.
El limpiar una imagen solo será posible con el desarrollo masivo de experiencias auténticas que opaquen el recuerdo de aquel momento en el que se promovió equivocadamente el cooperativismo.
¿Qué propuestas tienen para avanzar en el resurgimiento del movimiento cooperativista en Venezuela más allá del atávico partidismo? ¿Es posible una iniciativa de este tipo indistintamente quien detente el poder, hay voluntad por parte de la sociedad?
Sí es posible esta iniciativa. Lo hemos hecho durante años. Hoy 80.000 familias del Estado Lara obtienen a precios 50% más barato los productos agrícolas en redes de organizaciones de productores y comunidad urbana. Todos los años al menos 20.000 familias reciben un apoyo solidario de la comunidad para enterrar a sus seres queridos. Más de Bs 2.700.000.000 están en fondos de ahorros que se destinan a solucionar diferentes situaciones de escasez. Un millón de soluciones se han dado con ese fondo. En el último año se realizaron más de 2.500.000 de consultas médicas en los centros de salud cooperativa. Más de 40.000 personas se autodistribuyen bombonas de gas a domicilio. Más de 2.000.000 de personas son transportados en cooperativas de moto taxis, carritos y autobuses. Más de 7000 personas trabajan en forma asociada a tiempo completo en las cooperativas. Cada vez crece más el apoyo de la sociedad encontrando en la economía solidaria lo que en el conjunto de la sociedad no encuentra.