Posicionamiento sobre el derecho a la educación para personas desplazadas y refugiadas en América La
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- 2 may 2017
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Con motivo de la conmemoración de la Semana de Acción Mundial por la Educación, el SJR (Servicio Jesuita a Refugiados) en Latinoamérica y el Caribe comparte su postura sobre la importancia que tiene el derecho a la educación para las personas refugiadas y desplazadas, en los países donde hace presencia, y las limitaciones que encuentran para gozar de este derecho.
A manera de declaración, el SJR-LAC entiende que la educación es un derecho humano fundamental, un dispositivo de transformación social e inclusión, estrechamente relacionado con el desarrollo humano, y es un bien público que debe ser garantizado por los Estados. Comprendemos la educación como un proceso que se da a lo largo de la vida, y vincula el desarrollo de habilidades cognitivas y socio-emocionales, y por lo tanto se convierte en un derecho habilitante al brindar las herramientas y conocimientos que permiten el ejercicio de otros derechos fundamentales.
La educación no es algo abstracto, por el contrario, se materializa gracias a la comunidad educativa (docentes, directivos, estudiantes y familia); en la infraestructura; los currículos y las decisiones políticas que regulan su funcionamiento. Pensar la educación, nos remite a comprender sus diferentes dimensiones como parte de un todo: el acceso, la permanencia, la calidad y la acreditación o certificación[1].
Sin embargo, en el contexto latinoamericano encontramos limitantes para su goce efectivo, y que afecta de modo particular a las personas en situación de migración forzada. Ejemplo de ello, es que la demora por parte de los Estados de Venezuela y Ecuador en el reconocimiento del refugio y la irregularidad en la que se encuentran las personas, tiene como consecuencia la dificultad en el acceso, permanencia y certificación educativa. Por otra parte, en Colombia, aunque existe la oferta educativa, en algunas partes del país, acceder a la escuela es un riesgo para la integridad de los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes –en adelante NNAJ-, por las dinámicas asociadas al conflicto armado, y porque en ella se presentan actividades ilícitas que la convierten en un territorio poco seguro para los NNAJ.
Si bien en los últimos años, las políticas de universalización del acceso han dado resultados positivos, esto no basta pues los niveles de deserción se mantienen y en algunos casos aumentan, especialmente en las zonas rurales y marginales de los países. Por lo tanto, para garantizar el acceso y la permanencia, se debe ofrecer una educación de calidad centrada en la dignificación de las personas. Aunque no existe un significado unívoco sobre la calidad, consideramos que abordarla nos permite enfocar nuestras acciones en varios aspectos que son centrales en ella, tales como:
· La necesidad de contar con docentes capacitados, motivados y con las herramientas suficientes para desarrollar su labor pedagógica y lúdica.
· El acompañamiento a NNAJ, y sus familias, en la búsqueda de su desarrollo integral.
· La implementación de medidas conexas que aseguren el bienestar de la comunidad educativa y la accesibilidad del derecho (e.g. programas de alimentación complementaria; atención psicosocial, entre otras).
· La pertinencia en los contenidos, la formación de habilidades y los resultados efectivos de aprendizaje medidos adecuadamente.
· Que exista una infraestructura adecuada e idónea tanto en la escuela como para acceder a ella sin riesgos.
· Que se fortalezca el vínculo escuela-familia-sociedad-Estado y se promueva la corresponsabilidad de su defensa, promoción y desarrollo adecuado.
· Contar con la financiación suficiente que la garantice.
Resaltamos que, en medio del conflicto armado colombiano y las situaciones de violencia que se viven en las zonas de frontera de Ecuador y Venezuela, la educación se convierte en una garantía de protección para NNAJ y, por lo tanto, se debe exhortar a los Estados a establecer estrategias que la garanticen durante las emergencias humanitarias. Así mismo, que sea de calidad para facilitar procesos de transición hacia la integración local, considerando las necesidades de la población desplazada y refugiada; y las condiciones diferenciadas de las zonas rurales y urbanas. Sólo cuando la educación es de calidad es posible que redunde en el desarrollo de las comunidades.
Para que la educación responda a la realidad de la migración forzada y las dinámicas violentas de la región, se debe insistir en una malla curricular que estimule el desarrollo de habilidades básicas y otras habilidades que promuevan la dignidad humana, el respeto por la diferencia y la interculturalidad. Adicionalmente, consideramos que debe orientarse y enfocarse hacia la transformación de los conflictos, la reconciliación y la promoción de la paz.
Buscamos promover una educación donde la escuela sea comprendida a nivel simbólico como un espacio donde se protege la dignidad humana y se promueve la convivencia pacífica. También como un territorio seguro para los NNAJ, que contribuye a la disminución de factores de riesgo asociados al conflicto y las dinámicas violentas que motivan la deserción. Exhortamos a los combatientes a cumplir el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en el marco post-acuerdos en Colombia.
Consideramos que los maestros son el eje central para el mejoramiento de la calidad educativa, maestros mejor capacitados y sensibles a la realidad de la migración forzada y el refugio son esenciales para lograr verdaderas transformaciones. Sin desconocer que en el proceso formativo de los NNAJ debe existir un compromiso de la familia, la sociedad y el Estado. La educación debe ser vista como una necesidad para resignificar su importancia y su valor social.
Finalmente, la educación como responsabilidad del Estado, debe ser promovida a través de políticas públicas que cuenten con la suficiente financiación para su implementación y aseguren su continuidad. La educación debe ser una herramienta que contribuya a la construcción de sociedades justas, democráticas e incluyentes. La realidad de los países donde hace presencia el SJR, pone en evidencia la necesidad de sensibilizar e incidir en los funcionarios públicos responsables de ejecutar las políticas educativas. No bastan marcos normativos amplios y garantistas, si la implementación de la ley en los ámbitos locales no se realiza adecuadamente a causa de prácticas erróneas.
¡Abogamos para que las personas refugiadas y desplazadas puedan acceder a una educación de calidad, permanecer y certificarse! Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica y el Caribe