Cajamarca, el triunfo de David contra Goliat

Cajamarca es un pueblo de 20.000 habitantes, ubicado en el central departamento del Tolima, en Colombia. Esta localidad acaba de hacer historia porque por primera vez en el país, los ciudadanos rechazaron un ambicioso proyecto de extracción de oro en una consulta popular, una decisión que podría ser determinante para toda esta nación.

Fueron 6.241 personas que viven en este municipio los que votaron para decidir si aceptaban o no un proyecto minero a cielo abierto llamado La Colosa. Apenas 76 personas dijeron "Sí" y 6.165 marcaron "No", es decir, un contundente 97,92% de votantes rechazó el emprendimiento aurífero –uno de los mayores de Colombia– a cargo de la empresa sudafricana AngloGold Ashanti (AGA).

Así, los habitantes de Cajamarca, que es considerada la despensa agrícola y el tesoro hídrico de Colombia, determinaron cuál será su rumbo ambiental, pero el desenlace final de la consulta abre un debate nacional sobre otros proyectos de exploración minera que buscan licencia social para ejecutarse. Todo el pueblo estalló en celebraciones al conocer los resultados de la votación del domingo.

“¿Está usted de acuerdo Sí o No que en el municipio de Cajamarca se ejecuten proyectos y actividades mineras?”, fue la pregunta del referendo. Los defensores del medio ambiente requerían que al menos 5.438 votaran por el "No" para lograr que el permiso que el Estado había otorgado a la minera quedara sin efectos. Y así fue. Los reportes de la Registraduría Nacional colombiana confirmaron una holgada victoria. Fue otro triunfo de David contra Goliat.

En 2013, otro municipio del Tolima, Piedras, que colinda con Cajamarca, también le dijo que "No" a un proyecto minero de AGA, pero entre ese resultado y el de que se dio ahora hay una gran diferencia: en el primer caso, los ciudadanos de municipios no podían prohibir la minería en sus territorios porque la legislación vigente en ese momento decía que la regulación de los recursos naturales era competencia del gobierno central. Pero eso cambió con una norma aprobada en 2015, que fijó que las consultas populares son vinculantes y sus resultados deben cumplirse.

#Brevesdejusol